En relación al contenido de El engorde de censos reaparece en Ourense antes de las municipales podemos destacar, entre otros, los siguientes aspectos:
El oportunismo, haciendo referencia al momento en que éste aparece en los medios de comunicación, ni más ni menos que justo antes de unas elecciones. Curioso que meses e incluso años atrás nadie se interesase por el estado del padrón municipal.
El sensacionalismo, considerando como espectacular, inexplicable, de magnitudes inusitadas… el incremento de 80 personas en un municipio (del cual se reconoce que muchos de sus vecinos lo abandonaron, para vivir en otro lugar, pero no por eso tuvieron que llevarse los intereses que allí poseen –finca, casas…- y por las que seguro tienen interés)
El desinterés de todos: políticos, periodistas, vecinos… A nadie se le ocurre poner solución a esto con el tiempo y medios necesarios, hasta cuarenta y ocho horas antes de que nos pueda servir de crítica, escusa, etc.
La ofuscación, intentado justificar el posible fracaso, la no consecución de objetivos… a causa de la presunta irregularidad.
Y lo que considero como mal mayor, la aceptación, pues todo el mundo considera que lo publicado es cierto, pero nos da lo mismo, nadie hace absolutamente nada por cambiar la situación, porque esto no se vuelva a repetir (nadie deja de votar por eso, nadie denuncia formalmente la irregularidad, nadie exige los cambios necesarios en la ley electoral, etc.)
Lo cierto y curioso es que, al final, todo sigue igual.
La desamortización es un proceso político y económico de larga duración en España (1766-1924), en el cual la acción estatal convirtió en bienes nacionales las propiedades y derechos que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (sustraído al mercado libre) de diversas entidades civiles y eclesiásticas para enajenarlos inmediatamente en favor de ciudadanos individuales. Las medidas estatales afectaron a las propiedades plenas (fincas rústicas y urbanas), a los derechos censales (rentas de variado origen y naturaleza), y al patrimonio artístico y cultural (edificios conventuales, archivos y bibliotecas, pinturas y ornamentos) de las instituciones afectadas.
La desamortización pretendió la formación de una propiedad coherente con el sistema liberal, es decir, la instauración de la propiedad libre, plena e individual que permitiera maximizar los rendimientos y el desarrollo del capitalismo en el campo. La entrada de esta masa de bienes en el mercado se efectuó, en general, a través de dos procedimientos: la subasta al mejor postor como fórmula preferente y más extendida en el caso de propiedades plenas, y la redención por el censatario cuando se trataba de derechos.
Una primera etapa (1766-1798) comprende la venta de bienes de los jesuitas y la denominada desamortización de Manuel Godoy (bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, cofradías). La segunda fase (1808-1823) corresponde a la desamortización impulsada durante la guerra de la Independencia por la administración bonapartista y por los legisladores reunidos en Cádiz (bienes de la Inquisición y reducción a un tercio del número de monasterios y conventos). En la tercera etapa (1834-1854), conocida como desamortización de Mendizábal y Espartero, se procede al sistemático despojo patrimonial de la Iglesia, y a la desaparición de monasterios y conventos. La cuarta fase (1855-1924) se inaugura con la Ley General de 1 de mayo de 1855 o Ley Pascual Madoz y es por duración y volumen de ventas la más importante. Se completa la enajenación de los bienes de regulares y seculares.
La privatización de fincas rústicas afectó a una extensión equivalente al 25% del territorio español. El cometido financiero fue cubierto satisfactoriamente, a juzgar por las cantidades que Hacienda percibió en títulos y en metálico por la venta de los bienes desamortizados (14.435 millones de reales). La extracción social de los compradores, restringida inicialmente a los círculos más acaudalados, se diversificó a medida que se cubrían las etapas del proceso. En conjunto, no obstante, fueron los miembros de la burguesía (comerciantes, hombres de negocios, profesiones liberales y campesinos acomodados) quienes capitalizaron las fincas más preciadas y de mayor extensión. Por el contrario, tanto el campesino pobre como el colono dispusieron de menores posibilidades de acceso a la propiedad. La desamortización de fincas urbanas (casas, edificios conventuales) contribuyó a la transformación del modelo de ciudad del siglo XIX: de la ciudad conventual, marcada por el predominio del caserío amortizado y el tono hegemónico de los edificios religiosos, a la ciudad burguesa, caracterizada por la desaparición del viejo caserío, su crecimiento en altura, la apertura de nuevas vías, la presencia de los edificios públicos y los ensanches. La legislación previó para los edificios conventuales destinos tan diversos como la conservación para uso parroquial o público (conversión en museos, cuarteles, hospitales), la demolición para la apertura de nuevas calles o el ensanche de las existentes, o su mera inclusión entre los bienes nacionales sujetos a la privatización. El patrimonio mueble corrió la misma suerte: fue reservado como parte de la memoria histórica nacional (creación de museos).
La crisis iniciada en el 2008 ha sido señalada por muchos especialistas internacionales como la «crisis de los países desarrollados», ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo.
El caso de Villacañas es solo uno de los innumerables casos de familias afectadas por dicha crisis.
En España la crisis se puso de manifiesto con la explosión de la burbuja inmobiliaria surgida durante el gobierno de José María Aznar y que se mantuvo durante el gobierno socialista pese a ser claramente insostenible.
Este video puede ayudarnos a entenderlo:
Contra viento y marea, como si la cosa no fuera con él, el anterior equipo económico del Gobierno mantuvo a lo largo de la segunda Legislatura de Zapatero unas previsiones económicas irreales, como ahora se han demostrado. Ajeno al devenir de los mercados y a las previsiones de los organismos internacionales, se empeñó en ver en la economía española «brotes verdes» en donde sólo había yermo.
Este punto de mira llevó a una voluntariosa vicepresidenta económica a lanzar las campanas al vuelo de la recuperación económica en mayo de 2009. «Esperemos semanas y los veremos. Los brotes verdes de la recuperación están a punto de llegar a la economía española», vaticinó por entonces una optimista Elena Salgado durante una comparecencia en el Senado. Los datos del paro de abril de ese año le dieron pie para hablar de los famosos y polémicos «brotes verdes». Mientras, la mayoría de los expertos guardaba entonces, y no digamos ahora, cautela sobre esas señales de reactivación.
Pero no es de extrañar que en ese momento el equipo económico se equivocara en su vaticinio. Ya lo hizo un año antes. En aquellas fechas, la economía registraba un crecimiento negativo del PIB en el segundo trimestre del ejercicio. Sin embargo, el Gobierno recién emanado de las urnas se empeñó deliberadamente en negar en público la evidencia, recurriendo a eufemismos como desaceleración económica en lugar de recesión, después de cerrar meses antes la puerta a la crisis.
Y es que la historia del Gobierno socialista en materia económica ha sido la de una ocultación de la verdad continuada y prolongada en el tiempo, con diagnósticos ajenos a la realidad del país. Como botón de muestra, en lugar de adoptar medidas de contención del gasto en 2008, fecha en la que el país entró en recesión, el Ejecutivo aplicó una deducción de 400 euros en la cuota del IRPF a todos los contribuyentes, con independencia de sus rentas.
Por si fuera poco, al año siguiente Salgado vio «brotes verdes» donde los expertos veían sequedad por una buena cifra aislada del dato de abril. El paso del tiempo ha corregido esta cifra al alza y, en estos momentos, el desempleo en España supera casi la escalofriante barrera de los cinco millones de parados. A finales de 2009, este error de cálculo de la salida de la crisis le llevó a la ex vicepresidenta primera del Gobierno a sentar los Presupuestos Generales del Estado de 2010 en un erróneo escenario macroeconómico, con una reducción irreal del déficit público.
Meses después, la realidad se impuso y el Ejecutivo de Zapatero tuvo que afrontar el mayor recorte social de la historia democrática del país, con un paquete de medidas en el que se rebajó el sueldo a los funcionarios una media del 5 por ciento y se congelarán sus retribuciones y las de los pensionistas en 2011. Sin embargo, el ajuste, pese a la severidad, llegó tarde para conseguir poner freno a un disparado déficit público. No obstante, Salgado consideró suficiente el recorte de mayo de 2010, acompañado de una inconclusa reforma del sistema financiero y de unos cambios ineficaces del mercado laboral, para pronosticar un crecimiento del PIB en 2011 y en 2012 del 1,3 y del 2,3 por ciento, respectivamente. Una vez más, el tiempo ha dinamitado estas optimistas previsiones. El Banco de España confirmó semanas atrás un decrecimiento del PIB en el tercer y cuarto trimestre de 2011, ejercicio en el que la economía crecerá levemente para entrar en recesión en 2012.
Este error de cálculo en el crecimiento económico por parte del anterior Ejecutivo ha tenido, como no podía ser de otra manera, su fiel reflejo en las estimaciones de reducción del paro y del déficit público. En el primer indicador, el desempleo amenaza con superar la fatídica cifra de los cinco millones de parados en los primeros meses de este año, al calor de la entrada de España de nuevo en una etapa recesiva.
Finalmente, tras casi cuatro años de un gobierno negligente, incapaz de llevar a cabo la tan necesaria reforma laboral, de tomar medidas ante la crisis que cada día se hacía más y más latente en los hogares españoles se produce un cambio de política:
El PP llega al poder por una mayoría aplastante resultado del bipartidismo de nuestra época, cargado de ideas, promesas de cambio, soluciones ante la crisis...
De momento parece que las reformas se están llevando a cabo, rodeadas de críticas por una parte y de resignación por otra. Parece que por ahora lo único que podemos es esperar que todos los esfuerzos que estamos realizando sirvan para algo y que no sean simplemente mera palabrería de fantoches avariciosos cuya única intención a largo y a corto plazo es llenarse los bolsillos con el menor esfuerzo posible.
“El diezmo es el derecho de diez por ciento que se paga al res, del valor de las mercaderías que se traficaban y llegaban a los puertos, o entraban y pasaban de un reino a otro donde no estaba establecido almojarifazgo” .
En el contexto religioso:
“El diezmo es parte de los frutos regularmente la décima, que pagaban anualmente los fieles a la iglesia”
Se afirma que el diezmo es característico de las sociedades o Estados gobernadas por el Rey y el Papa; en otros términos, regidos por la Real Hacienda y la Iglesia, donde la sociedad vasallo y subordinado a esas instancias patriarcales contribuyen de manera obligatoria el diez por ciento del valor de las producciones, cualquiera sea su origen y actividad, excepto de la pesquería, montería y caza; en frutas de la piña y bellotas; y en metales del oro, plata, perlas, piedras, metales y otras reservadas en las Bulas Apostólicas, aunque también de estas se pagaban, pero de las comercializadas con el nombre del “Quinto Real”.
En este artículo se nos muestra como en pleno siglo XXI, en un estado laico como es el español, todavía sigue presente el diezmo.
La Iglesia sigue teniendo propiedades y en algunos casos éstas son trabajadas al igual que hace siglos.
Un ejemplo de esto es la familia del artículo, a la cuál se le reclama el dinero del "diezmo" asociado a las tierras, algo absurdo ya que este fue abolido.
Desde mi punto de vista la Iglesia debería estar menos presente en nuestra sociedad, si tiene en su poder tierras debe venderlas o, en su defecto alquilarlas como un particular puede arrendar sus inmuebles.
Desgraciadamente, este no es un caso aislado ni mucho menos. La Iglesia sigue muy vinculada al Estado, hasta el punto de que, España, pretendido estado aconfesional, y en pleno siglo XXI, proporcionará este año más de 6.000 millones de euros a la Iglesia Católica. Eso son alrededor de 135 euros por habitante, y con independencia de la famosa cruz en la Declaración de la Renta, y... ¿No era eso el diezmo?
La peste es una enfermedad infectocontagiosa que afecta tanto a animales como a humanos, causada por la bacteriaYersinia pestis. Se considera una de las zoonosis reconocidas más antiguas y de las más agresivas y potencialmente letales enfermedades bacterianas.
La peste a lo largo de la historia se ha erigido como una enfermedad paradigmática en cuanto a su capacidad de diseminación en una determinada población. Aunque, como parece lógico, es difícil de constatar, se estima que a lo largo de la historia han muerto de peste más de 200 millones de personas, convirtiéndose así en la enfermedad infecciosa más letal de todas las conocidas hasta la fecha.
La mayoría de los contagios se producen por la picadura de pulgas procedentes de roedores (peste bubónica). Sólo en raras ocasiones otras especies de pulgas pueden transmitir la infección. El contagio entre personas por pulgas es muy infrecuente (se han descrito casos en países sudamericanos en velatorios de personas apestadas).
Otro tipo de contagios se pueden producir a partir de la mordedura o arañazos de gatos y otros carnívoros, por ingestión de animales muertos, por la manipulación de cadáveres de animales afectados por la enfermedad, o por inhalación de bacterias a partir de la forma neumónica humana (peste dímica).
En esta época las pestes y las epidemias eran provocadas la mayoría de las veces por el hambre, el debilitamiento, la desnutrición, que hacían que las personas estuviesen más débiles haciéndolas más proclives a las enfermedades endémicas a la vez que facilitaban la aparición de terribles epidemias de peste.
Otra de las causas eran las contínuas y sangrientas guerras, que producían miles y miles de cadáveres que quedaban sin enterrar, convirtiéndose así en focos de contaminación y propagación de enfermedades y pestes por medio de la contaminación del aire, de los ríos, de la tierra...
La peste de 1647 se produce durante el reinado de los Austrias en España, con Felipe IV como monarca.
El reinado de Felipe IV, que intentó tener un carácter reformista, afrontó una recesión económica, con cuatro bancarrotas de la Real Hacienda (1627, 1647, 1656 y 1662). La crisis económica, que también se dejó sentir en Europa, tuvo una mayor repercusión en España por los elevados costes financieros de la política exterior que provocó una subida de impuestos, la retención de las remesas de metales preciosos de las Indias, la venta de juros y cargos públicos, revueltas contra el centralismo castellano,...
La agresiva política exterior de Olivares en Europa pretendía mantener la hegemonía española en el continente, y para ello no se escatimaron recursos contra los dos conflictos principales (las Provincias Unidas y Francia): Tregua de los Doce Años con las Provincias Unidas (1621), rendición de Breda (1624-1625), Guerra de los Treinta Años (en apoyo de los Habsburgo austríacos), Guerra de Sucesión de Mantua (1629-1631), conflictos bélicos con Inglaterra y Francia,...
La política exterior del Conde-Duque tuvo repercusiones negativas en el ámbito nacional. Los reinos de la Corona de Aragón se rebelaron cuando se les reclamó una aportación para financiar las campañas europeas; en 1640, el Principado de Cataluña (los segadores congregados en Barcelona con motivo de la procesión del Corpus Christi se sublevaron y, tras asesinar al virrey, proclamaron la secesión de Cataluña) y Portugal se sublevaron contra Felipe IV, motines que produjeron la caída del Conde-Duque, sustituido por Luis de Haro. El Tratado de Westfalia (1648) reconoció la independencia de las Provincias Unidas mientras que por la Paz de los Pirineos (1659) España cedía a Francia el Rosellón, parte de Cerdaña y los Países Bajos.
En los últimos años del reinado, la Monarquía está sumida en una profunda recesión y crisis, en la que la autoridad real estaba cuestionada por amplios sectores sociales, además de las campañas militares contra Francia e Inglaterra. En el mismo año que muere Felipe IV (1665) se produce la derrota de España ante Portugal. Los 44 años de reinado de Felipe el Grande sellan la pérdida de la hegemonía española en Europa ante la indiferencia de una empobrecida población.
Este contexto histórico y social explica por qué surge dicha epidemia y por que causa los estragos que provocan que este corto periodo de tiempo sea denominado como EL FIN DEL MUNDO
En 1811 las Cortes de Cádiz derogan los señoríos jurisdiccionales, desapareciendo así la división entre señorío y realengo, que a pesar de la restauración del absolutismo por parte de Fernando VII en 1814 no volverán a entrar en vigor.
Al tiempo, las Cortes de Cádiz intentan crear un nuevo régimen, también liberal, en el que todas las provincias tengan las mismas obligaciones. La constitución de 1812 no reconoce la personalidad política de los antiguos territorios históricos. Esto fue aprobado por los diputados de todas las provincias, incluidos los territorios americanos. Las Cortes llegan a un sistema nuevo que sí tiene en cuenta los condicionamientos históricos. Se crean 32 provincias, según elnomenclátor de Floridablanca, con algunas correcciones. Pero, además, en 1813 encargan una nueva división provincial a Felipe Bauzá, que determina 36 provincias, con siete provincias subalternas, con criterios históricos. Pero nada de esto se aprobó, y el regreso de Fernando VII supuso la vuelta al Antiguo Régimen, con ciertas modificaciones. En 1817 España estaba dividida en 29 intendencias y 13 consulados.
División territorial de 1822
Tras el levantamiento del general Riego, durante el Trienio Liberal (1820–1823), se impulsa la construcción del Estado liberal, y con él se promueve una nueva división provincial, aunque primero se recuperan las diputaciones de 1813. Se trataba de que esta división alcanzara a todo el país, sin excepciones, y fuera la trama única para las actividades administrativas, gubernativas, judiciales y económicas, según criterios de igualdad jurídica, unidad y eficacia.
En enero de 1822 se aprueba, con carácter provisional, una división provincial de España en 52 provincias.
Algunas de estas provincias aparecen por primera vez, como las de Almería y Málaga (desgajadas del tradicional Reino de Granada), Huelva (del Reino de Sevilla), Calatayud o Logroño, y otras aparecen con nombre nuevo como Murcia o las Provincias Vascongadas.
Este proyecto hace pocas concesiones a la historia, y se rige por criterios de población, extensión y coherencia geográfica. Hay una voluntad de superar los nombres históricos, prefiriéndose los de las ciudades capitales. Tampoco se respetan los límites tradicionales de las provincias, configurando un mapa nuevo. Se eliminan los enclaves de unas provincias en otras, si pertenecen a distintos reinos, pero se conservan muchos enclaves cuando se hallan dentro del mismo. Este proyecto generó intensos debates por el número de provincias y la capitalidad, pero no dejaron de ser cuestiones menores.
En 1822 se restablecieron los intendentes provinciales como delegados de Hacienda. Pero la caída del gobierno liberal y la restauración del absolutismo dio al traste con el proyecto. En 1823 se restablecen las provincias del Antiguo Régimen por lo que el plan de 1822 nunca llegó a entrar en vigor.
Inmediatamente después de la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, la regente María Cristina de Borbón trató de llegar a un acuerdo con los partidarios de don Carlos María Isidro sin perder el apoyo, al otro lado, de los liberales. Esa fue la misión que le confió a Francisco Cea Bermúdez, líder de un gobierno que duró apenas tres meses. Sin embargo, aunque los esfuerzos por atraerse a los carlistasfueron vanos, su gobierno emprendió una reforma de gran envergadura, que sigue estando vigente en España más de siglo y medio después: la división de España en provincias.
Mediante una simple circular en noviembre de 1833, su secretario de estado de Fomento, Javier de Burgos, creó un estado centralizadodividido en 49 provincias. Las provincias recibieron el nombre de sus capitales (excepto cinco de ellas, que conservaron sus antiguas denominaciones: Asturias,con capital en Oviedo,Navarra, con capital en Pamplona, Álava con Vitoria, Guipúzcoa con San Sebastián y Vizcayacon Bilbao).
El proyecto de Javier de Burgos es prácticamente el mismo que el de 1822, pero sin las provincias de Calatayud, Vierzo y Játiva; además, otras provincias cambian de nombre al cambiar de capital.
División provincial
La división provincial de Javier de Burgos de 1833 incluía 49 provincias. El mismo decreto que creó la división provincial agrupó a las provincias en «regiones históricas». "El decreto de Javier de Burgos abscribía, de forma intencionada, un nivel superior al provincial, al hacer referencia expresa de varias provincias a un ente definido" (Según el profesor Francisco Iglesias Carreño), es más, apostillando lo anterior dice: "y ello con independencia de si a tal ente supraprovincial se le atribuían, en tal momento o en momentos posteriores, o no funciones administrativas/económicas/políticas" . "Así, y en la acepción conceptual de Iglesias Carreño, las regiones definidas si tenían existencia, con la salvedad de que la competencia o consideración orgánica administrativa o jurisdiccional fuera, a posterioridad, sobrevenida". El profesor Iglesias Carreño dice: ""Todo ello implica que las provincias de 1833, con la posterior división en las Islas canarias, por estar agrupadas, en su adscripción a regiones-.-léase ya Regiones Históricas-.-, forman un estamento intermedio que no es modo alguno solo y exclusivamente clasificatorio, ya que la evolución posterior aclara que su operatividad administrativa/económica/cultural/política fue aumentando
La Restauración borbónica se caracterizó por una cierta estabilidad institucional, la construcción de un modelo liberal del Estado y la incorporación de los movimientos sociales y políticos surgidos al calor de la revolución industrial, hasta su progresiva decadencia con la dictadura de Primo de Rivera en 1923.
En los últimos años de la regencia de María Cristina (1885-1902) se rompe la estabilidad creada por los líderes de los partidos dinásticos. Canovas muere asesinado por el anarquista Angiolillo en 1897. sucediéndole en el partido conservador Francisco Silvera y Antonio Maura. El partido liberal y su líder, Sagasta, tuvieron que sufrir la crisis de 1898 y asumir el desprestigio político de la derrota ante la opinión pública, por lo que tras la muerte de Sagasta en 1903, su partido se divide en varias facciones que siguen a distintas figuras (Moret. Canalejas. Romanones...) que no conseguirán unificar a los liberales. A la crisis política hay que añadir el planteamiento por parte de muchos intelectuales del "problema de España", es decir, la solución a la situación de atraso y aislamiento respecto a los países más desarrollados. Con el nombre de Segunda República Española se conoce el periodo político de la historia de España comprendido entre el 14 de abril de1931 (fecha de la proclamación del sistema republicano como forma de organización del Estado, en sustitución de la monarquía) y el 1 de abrilde 1939 (fecha del final de la Guerra Civil Española, que dio paso a la dictadura del General Franco). El numeral «segunda» obedece a la necesidad de distinguirlo del anterior periodo republicano, la Primera República Española (1873-1874).
Durante este periodo se llevaron a cabo diversas reformas, como la agraria y la educativa. La Constitución de 1931 fue la primera constitución democrática de España y el país se modernizó en comparación con el entorno europeo. Fue también un período convulso, con varias huelgas y un enfrentamiento muy grave durante la revolución de 1934, cuando la derecha más tradicionalista se propuso modificar todos los avances republicanos y se encontró con una fortísima respuesta social duramente reprimida. En 1936, el golpe de Estado de una parte del ejército con el apoyo de las fuerzas más reaccionarias desembocó en la Guerra Civil Española y el fin de la república.
El bando sublevado estuvo organizado en torno a gran parte del alto mando militar, institucionalizado en la Junta de Defensa Nacional y se apoyó en el partido fascista Falange Española, la Iglesia Católica y la derechaconservadora (monárquicos, cedistas y carlistas). Socialmente fue apoyado, principalmente, por aquellas clases más o menos privilegiadas hasta entonces, (burgueses no liberales, aristócratas, terratenientes o pequeños labradores propietarios, etc.) que tras la victoria en las urnas del Frente Popular veían peligrar su posición social o estaban temerosas del anticlericalismo y de un posible estallido de violencia del proletariado.
Numerosas voces del ámbito jurídico como Baltasar Garzón (ex-magistrado español de la Audiencia Nacional), Carlos Jiménez Villarejo(fundador de la asociación Justicia Democrática),14Raúl Zaffaroni (penalista y magistrado de la Corte Suprema de Argentina),15 así como diversas asociaciones de víctimas del franquismo y otros, sostienen que el bando sublevado cometió actos de genocidio y crímenes contra la humanidad, ya que en la documentación ahora disponible, como los archivos militares de la época, se demostraría que sus planes incluyeron el exterminio y persecución sistemática de la oposición política, la violación de las mujeres de los ciudadanos republicanos, la imposición de tests físicos y psicológicos a presos para vincular su ideología con enfermedades mentales o el robo sistemático de niños a padres republicanos a los que todavía se oculta su verdadera identidad.1617 Por ello, consideran que dichos actos no pueden prescribir ni ser absueltos y que deben ser investigados.
Las consecuencias de la Guerra civil han marcado en gran medida la historia posterior de España, por lo excepcionalmente dramáticas y duraderas: tanto las demográficas (aumento de la mortalidad y descenso de la natalidad que marcaron la pirámide de población durante generaciones) como las materiales (destrucción de las ciudades, la estructura económica, el patrimonio artístico), intelectuales (fin de la denominada Edad de Plata de las letras y ciencias españolas) y políticas (la represión en la retaguardia de ambas zonas —mantenida por los vencedores con mayor o menor intensidad durante todo el franquismo— y el exilio republicano), y que se perpetuaron mucho más allá de la prolongada posguerra, incluyendo la excepcionalidad geopolítica del mantenimiento del régimen de Franco hasta 1975.
Respecto a la duración exacta de la transición, algunos la enmarcan dentro del periodo comprendido entre la proclamación de Juan Carlos Icomo rey de España el 22 de noviembre de 1975 y la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978. Otros muchos la sitúan entre dos fechas clave: el 20 de noviembre de 1975, cuando fallece el dictador Francisco Franco; y el 28 de octubre de 1982, fecha en que deja de gobernar la Unión de Centro Democrático (UCD), partido que promovió el cambio de régimen político y la aprobación de la Constitución del 78, en cuya elaboración participó con tres de los siete ponentes que se encargaron de la redacción del texto.
No obstante, también es posible encontrar autores que sitúan el inicio de la transición el 20 de diciembre de 1973, fecha del asesinato de Carrero Blanco, o incluso en la aprobación de la Ley Orgánica del Estado en 1966, o que prolongan su duración hasta las elecciones del año 1996 en las que ganó el Partido Popular.
Centrándonos en el periodo que suele considerarse por los historiadores como el más preciso, se iniciaría con la muerte del general Franco, el 20 de noviembre de 1975. El denominado Consejo de Regencia asumió, de forma transitoria, las funciones de la Jefatura del Estado hasta el 22 de noviembre, fecha en la que es proclamado rey ante las Cortes y el Consejo del Reino Juan Carlos I de Borbón.
El Rey confirmó en su puesto al Presidente del Gobierno del régimen franquista, Carlos Arias Navarro. No obstante, pronto se manifestaría la dificultad de llevar a cabo reformas políticas bajo su Gobierno, lo que produciría un distanciamiento cada vez mayor entre Arias Navarro y Juan Carlos I. Finalmente el Presidente del Gobierno presentó su dimisión al rey el día 1 de julio de 1976. Arias Navarro sería relevado en su cargo porAdolfo Suárez, quien se encargaría de entablar las conversaciones con los principales líderes de los diferentes partidos políticos y fuerzas sociales, más o menos legales o toleradas, de cara a instaurar un régimen democrático en España.
El camino utilizado fue la elaboración de una nueva Ley Fundamental, la octava, la Ley para la Reforma Política que, no sin tensiones, fue finalmente aprobada por las Cortes y sometida a referéndum el día 15 de diciembre de 1976. Como consecuencia de su aprobación por el pueblo español, esta ley se promulgó el 4 de enero de 1977. Esta norma contenía la derogación tácita del sistema político franquista en sólo cinco artículos y una convocatoria de elecciones democráticas.
Estas elecciones se celebraron finalmente el día 15 de junio de 1977. Eran las primeras elecciones democráticas desde la Guerra Civil. Unión de Centro Democrático resultó el partido más votado aunque no alcanzó la mayoría absoluta y fue el partido encargado de formar gobierno. A partir de ese momento comenzó el proceso de construcción de la Democracia en España y de la redacción de una nueva constitución.
Las tensiones internas de la UCD provocarían su desintegración a lo largo de 1981 y 1982. El segmento democristiano terminaría integrándose con Alianza Popular, pasando así a ocupar la franja de centro-derecha. Por otro lado, los miembros más cercanos a la socialdemocracia se unirían a las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
A pesar de sus esfuerzos de regeneración y el inmenso progreso de la economía y las infraestructuras, la Dictadura fue capaz de estabilizar la situación política durante un largo periodo, pero a finales de la Dictadura se produjo una crisis política que desprestigió al rey Alfonso XIII y allanó el camino a laSegunda República española.
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